Por: Jaime Romero Laines
Ocurre en el país y, particularmente, en la provincia de El Oro, a las y los docentes, de todos los niveles, por motivos sin trascendencia, a cualquier padre, representante o persona alguna, se le ocurre interponer una queja ante el directivo institucional – designado a dedo -, quien, sin mediar mayores acciones, corre traslado a la autoridad Distrital, instancia que de inmediato interpone MEDIDAS DE PROTECCIÓN, suspendiendo de sus labores a la maestra o maestro en la institución educativa que ha venido laborando, para ponerla en actividades administrativas en otra institución.
¿Dónde queda el derecho de presunción de inocencia; el derecho a la ponderación y proporcionalidad que precisamente impone el debido proceso, que bien advierte la autoridad a que se respete, cuando notifica las medidas de protección?
Sin embargo, si podría ser el caso de proceder con firmeza, cuando se trata de denuncias encuadradas en supuestas infracciones MUY GRAVES.
SEÑORES DEL GOBIERNO, OBSÉRVESE LO QUE DENUNCIO, TODO ESTO PUEDE REPERCUTIR EN LOS RESULTADO ELECTORALES. LAS AUTORIDADES DISTRITALES Y ZONALES DEBEN ACTUAR APEGADOS A LA JUSTICIA Y AL DERECHO.
