Asambleísta Andrea Yaguana afirma que el catastro minero y competencias de sanción deben transparentarse

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El Oro registra no más de un millón de dólares por regalías mineras, sostiene Andrea Yaguana.

La emergencia sanitaria que enfrenta el cantón Santa Rosa por una intoxicación presuntamente ocasionada por contaminación al río Santa Rosa que abastece del líquido vital a los pobladores, vuelve a poner en la mira a la actividad minera legal e irregular.

La asambleísta Andrea Yaguana, quien en 2019 solicitó información sobre el manejo de la minería en la provincia de El Oro, dijo que es urgente contar con un catastro minero claro y de ser posible depurado, para conocer que, en caso de una situación adversa, ante quien debe actuar la fiscalía, así como los departamentos de control ministerial y de gobiernos seccionales.

“En estos momentos estoy revisando todo el argumento legal que tiene tanto el ministerio del Ambiente y Agua, de Minería, Salud; así como las municipalidades y prefectura para actuar en estos casos y evitar que nadie sancione a pretexto de competencias. Es necesario que una entidad sea la que tenga la potestad de castigar de manera directa, en caso de una afectación comprobada”, aseveró.

La legisladora estudiará la posibilidad de presentar alguna reforma, dentro del marco de la ley y de sus facultades, en la que se cierre cualquier círculo vicioso que impide o tarda dar con los responsables y remediar los daños, cuando estos ocurriesen.

Situación minera

De acuerdo al catastro minero de 2018, en El Oro existen 565 concesiones mineras, de estas 303 están inscritas, 262 en trámite, tres realizan la fase de explotación, dos con explotación avanzada.

Adicional, 49 están en exploración inicial, tres en exploración total y 24 concesiones no precisan la etapa en la que se encuentran. Mientras que los permisos para la realización de la minería artesanal, alcanzan 804 en toda la provincia.

“Apoyaremos todo el trabajo que contribuya al desarrollo de los pueblos y del Ecuador, siempre y cuando se lo ejerza de manera legal y sin privilegios. En nuestra provincia hay políticos y familiares dedicados a la minería y de no transparentarse al ente sancionador, esto es muy preocupante”, confesó Yaguana.

A finales de 2019, por solicitud de los miembros de la Junta de Riego del Canal Batallas, la asambleísta pidió informes al entonces MAE y Secretaría del Agua, por las quejas de contaminación que una compañía realizaba en el río San Agustín; siendo confirmada esta denuncia de los moradores y notificada por Senagua a los alcaldes de Santa Rosa y Pasaje para las correcciones.

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