En una demostración de unidad y fuerza en defensa de los intereses de los ciudadanos de la provincia de El Oro, los choferes orenses, representados por cada uno de los sindicatos cantonales y el provincial encabezado por el dirigente gremial Jorge Granda Feijoo, exigieron esta mañana en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón El Guabo, la suspensión del cobro de peaje en el sector El Garrido en la vía Machala-Guayaquil.
Los transportistas estuvieron acompañados por el prefecto provincial Clemente Bravo Riofrío y el asambleísta Steven Ordóñez Bravo, quienes fortalecen la lucha de los choferes que iniciaron varios años atrás cuando actuaron como amicus curiae en una acción de protección presentada por el ex legislador Carlos Falquez Batallas, en la que se resolvió suspender el cobro del peaje.
En esta oportunidad, el asambleísta Steven Ordóñez expresó que los orenses exigen el cumplimiento de la sentencia del año 2021 que fijaba la suspensión del cobro de peaje en caso de no existir avances en la ampliación de la vía El Oro-Guayas, que fue concesionada a la empresa Consur. Agregó que en su calidad de legislador ha fiscalizado los alcances del contrato de esta obra junto al Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), Procuraduría y otras instancias legales.
Por el cobro de peaje, se recauda 30.000 dólares diarios, es decir casi un millón de dólares al mes y sin embargo, no existe ningún tipo de avance en la obra de ampliación de la vía sino todo lo contrario: accidentes, asaltos, destrucción de vehículos. Se sabe que el gobierno nacional a través del MTOP está haciendo lo posible por solucionar el arbitraje internacional propuesto por la concesionaria, pero mientras tanto los orenses deben dejar de pagar un peaje por un servicio que no reciben.
Jorge Granda, Secretario General del Sindicato de Choferes, mencionó que esta lucha de los transportistas viene de años y no van a descansar hasta lograr su objetivo pensando no solo en los choferes sino en todos los ciudadanos que utilizan la vía a Guayaquil y se ven obligados a pagar el peaje en El Garrido, pese a que no existe trabajos de mejoramiento en la carretera.
El prefecto provincial Clemente Bravo fue enfático y manifestó que definitivamente no se puede pagar por un servicio que no se recibe, tal como lo dispone la Constitución de la República. Por esta vía circulan 14.000 vehículos diarios, que son parte de la cadena productiva y dinamiza la economía de la provincia y el país.
El prefecto añadió que hasta que se resuelva el laudo arbitral, “los orenses no tenemos por qué pagar los platos rotos” y se debe dar cumplimiento a la sentencia que ordena la suspensión del cobro del peaje. Las autoridades y los choferes estamos aquí unidos para defender a la provincia, indicó el prefecto.
