Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda archivar denuncia contra asambleísta de UNES, María Fernanda Astudillo

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Astudillo fue denunciada sin motivación fehaciente por el asambleísta nacional Eitel Zambrano, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), quien sin fundamentos y pruebas válidas acusó a la legisladora de El Oro, por solicitar y exhortar el 3 de junio de 2021 a la ministra de Salud, Ximena Garzón, que cumpla con sus obligaciones pendientes a la asociación de economía popular y solidaria Asotexorense, proveedora de material sanitario para hospitales.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó el archivo de la denuncia en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo (UNES) por supuesta gestión de pagos ante el Ministerio de Salud. Con tres votos acogió el informe en el que se determina que la asambleísta ejerció su facultad de fiscalización y no de gestión.

Astudillo fue denunciada sin motivación fehaciente por el asambleísta nacional Eitel Zambrano, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), quien sin fundamentos y pruebas válidas acusó a la legisladora de El Oro, por solicitar y exhortar el 3 de junio de 2021 a la ministra de Salud, Ximena Garzón, que cumpla con sus obligaciones pendientes a la asociación de economía popular y solidaria Asotexorense, proveedora de material sanitario para hospitales.

El Comité señaló que del análisis contextual de los oficios enviados por la legisladora al Ministerio de Salud se puede entender que se trata de una solicitud que está dentro del marco de la facultad de fiscalización de la asambleísta, la que sustenta su pedido en las competencias constitucionales y legales de fiscalización y de solicitar información.

Que no existió pago alguno a favor de la asociación Asotexorense, pues incluso ante la remisión de la documentación por parte de la denunciada a la Defensoría del Pueblo para su intervención se evidencia que existirían presuntas vulneraciones de derechos al trabajo en perjuicio de la organización social de la economía popular y solidaria, así como de la remisión del proceso de adquisición a la Contraloría General del Estado, lo cual menoscaba la posibilidad de que haya existido tramitación o disposición de recursos públicos como dispone la causal de destitución analizada en el presente proceso, que pudiese apreciarse desde su resultado.

En la investigación realizada por el Comité se determinó que aún no ha sido cancelada la obligación de pago hasta el momento desde el Ministerio de Salud a la asociación Asotexorense.

Se señala además que el Comité no encuentra líneas que efectivamente sugieran la existencia de una tramitación o gestión de pagos con fondos del Presupuesto General del Estado, que es la tesis de la denuncia presentada, como conducta propia de los artículos 127 numeral 2 de la Constitución y 163 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con las dos pruebas admitidas por parte del denunciante y las 18 pruebas de descargo presentadas por la denunciada, los miembros del Comité de Ética constataron que el cuestionado oficio dirigido al Ministerio de Salud, correspondía a un pedido de información, dentro de un proceso de fiscalización que la asambleísta Fernanda Astudillo emprende por la grave situación del sistema de salud público de la provincia de El Oro.

El Comité también observó que, hasta la fecha, la asociación Asotexorense no ha sido cancelada por los trajes de bioseguridad entregados al Hospital General Teófilo Dávila. Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles vulneraciones del derecho al trabajo, remuneración justa y seguridad jurídica en perjuicio de la asociación.

Actualmente, el caso de la asociación perjudicada está en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, del Servicio Nacional de Contratación Pública y la Contraloría General del Estado, para que, en el ámbito de sus competencias, analicen las actuaciones de las autoridades del hospital.

El presidente del Comité, José Chimbo (PK), indicó que se valoraron las pruebas y se estableció que no hubo elementos probatorios en contra de la denunciada, que ella nunca gestionó un pago como lo aseguraba el legislador proponente de la denuncia; por lo tanto, debería archivarse la causa.

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