

Por: Dra. Jéssica Espinoza-Espinoza, presidenta de la Asamblea Ciudadana Local de Machala (ACLM)
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Después de 15 años de la Constitución de Montecristi de 2008, y 13 años de la promulgación de la primera e histórica Ley de participación ciudadana y control social de Ecuador, en la provincia de El Oro, del total de 14 cantones, sólo existen 4 asambleas ciudadanas locales activas, y menos de 10 mecanismos ciudadanos activos (si no son menos). A esas cifras se han reducido los resultados del trabajo del CPCCS en la provincia. Y, sin temor a equivocarme, la situación se repite a nivel nacional en las distintas provincias, ante el malestar de muchos activistas y defensores de Derechos Humanos, que ven en el CPCCS un “ente en disputa” totalmente politizado e influenciado por la lucha encarnecida entre los distintos grupos de poder, que entre ellos, pugnan por gobernarnos. Esto ocurre ante las denuncias ciudadanas, que no reciben respuestas ni atención alguna ha excusa de los “cambios institucionales internos”.
Machala a través de su alcalde y concejo cantonal se ha constituido en una evidencia de la paradoja entre accionar político, discurso y la participación ciudadana. Curiosamente el actual alcalde Dario Macas, aunque llegó a la reelección con la bandera de la Revolución Ciudadana, ha sido el principal detractor de los principios correístas, que en su momento promovieron que la revolución estaba en el “ciudadano” como primer mandante y fiscalizador del poder político (art. 204 de la Constitución). Sin duda, el gran derrotero de estas proclamas políticas, se produjeron por el accionar del propio burgomaestre.
La vulneración a la participación ciudadana a nivel local se evidencia en varios hechos ya denunciados por la Asamblea Ciudadana Local de Machala (ACLM), a las instituciones de control (CPCCS y Controlaría General del Estado), que hasta la fecha dan contestación alguna. Por ejemplo:
1. Aprobación a puerta cerrada de la ciudadanía y los propios medios de comunicación, en el mes de julio de 2023, de la sexta reforma a la ordenanza que regula el cobro de la tasa de basura (la segunda más alta del país, después de Guayaquil). Reforma actualmente vigente, y que ha sido la fuente de reclamos y malestares ciudadanos, ante un concejo cantonal ciego, sordo y mudo.
2. La donación de dos terrenos municipales a una pareja sentimental del alcalde Macas, ex funcionaria del GAD.
3. Denuncia por la vulneración del proceso de rendición de cuentas 2022, que ya tuvo un primer informe nacional del CPCCS donde se reportaron serios indicios de la vulneración del proceso, mismo que se encuentra sin contestación desde hace 1 año.
4. Incumplimiento del acta de trabajo firmada entre el alcalde a través de su representante y la Asamblea Ciudadana Local de Machala, donde se comprometió a la transmisión de las sesiones de concejo cantonal, publicación del orden del día en cumplimiento de la ley, aprobación del primer reglamento de la silla vacía, gestión de un terreno para la construcción del primer centro gerontológico para Machala, etc. Todas estas fueron promesas incumplidas. Sin embargo, como parte del presupuesto municipal 2024 se destinaron 3 millones de dólares a conciertos y fiestas.
5. El incumplimiento de los concejales del procedimiento de rendición de cuentas 2023, y la inasistencia a las invitaciones de capacitación realizadas por el CPCCS.
Estos hechos y otros, evidencian la paradoja entre lo que dicen y lo que hacen por parte de las actuales autoridades municipales. Esperamos que las personas que llegaron a estas funciones para servir a los ciudadanos, empiecen haciendo la diferencia de la nueva política, empezando por lo más elemental: cumplir con la ley y respetar al ciudadano.
Además, es un clamor local y nacional, que necesitamos un CPCCS técnico, profesional y comprometido con su esencia y objeto fundamental. Con 15 años de Estado constitucional y 13 años de la Ley de participación ciudadana, en la provincia de El Oro, los resultados deberían ser otros por los recursos públicos que se destinan y que nos pertenecen a todos. La paradoja de estos actores políticos y el CPCCS “en disputa”, han sumido al Ecuador y a Machala en un Estado fallido entre la paradoja y la demagogia, con políticos que piensan en las futuras elecciones, y ciudadanos preocupados por su presente y su futuro.