Superintendente de bancos a juicio político

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Darwin Pereira asegura que entre las principales causales para el planteamiento de este juicio político se encuentran el hecho cierto de que en los momentos más duros de la pandemia no controló las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes, dejándolo a merced de muchos abusos de la banca, algunos de ellos denunciados que no fueron sancionados por este organismo de control.

El Asambleísta por El Oro y Primer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, Darwin Pereira Chamba, inició la tarde del martes 5 de octubre la recolección de firmas entre sus colegas legisladores para llevar a juicio político a la Superintendente de Bancos, Ruth Patricia Arregui Solano, por incumplimiento de funciones.

Pereira asegura que entre las principales causales para el planteamiento de este juicio político se encuentran el hecho cierto de que en los momentos más duros de la pandemia no controló las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes, dejándolo a merced de muchos abusos de la banca, algunos de ellos denunciados que no fueron sancionados por este organismo de control.

Asimismo, se ha detectado que la Superintendente de Bancos poco o nada ha hecho para controlar a las instituciones financieras a fin de que eviten que los ciudadanos sean víctimas de fraudes por canales digitales, lo que ha originado más de 280 mil denuncias de ciudadanos cuyas cuentas fueron parcial o totalmente vaciadas.

A esto se suma la inobservancia de los requisitos legales en la calificación del anterior presidente del Consejo Directivo del IESS, a quien, a pesar de no cumplir los requisitos legales, lo habilitó para ocupar el cargo. Otra causal esgrimida por el asambleísta Pereira es la falta de sanción a entidades pseudo financieras que no se encuentran autorizadas por la Superintendencia de Bancos para ofertar productos o servicios financieros, como el caso de “BIG MONEY”, lo que ha ocasionado un millonario perjuicio a miles de ecuatorianos.

A decir de Pereira, este juicio político terminaría con la destitución del cargo de la Superintendente de Bancos y su inhabilitación para ejercer un cargo público por dos años; es decir, correría la misma suerte del excontralor Pablo Celi y el ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, defenestrados por la actual Asamblea Nacional por la vía del juicio político.