El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos afirmativos el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica, en la sesión 74. La iniciativa tiene como objetivo consolidar un marco legal que permita fortalecer dos áreas estratégicas para el desarrollo nacional, por su aporte a los ingresos del Estado, la generación de empleo y la provisión de servicios básicos como la electricidad.
El ponente del informe para segundo debate, asambleísta Alejandro Lara, afirmó que la ley busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico, atraer inversión y fortalecer la rectoría del Estado, evitando improvisaciones que han generado importantes pérdidas económicas al país. Indicó que en minería se prioriza el uso responsable de los recursos, el cierre de espacios a la ilegalidad y la distribución territorial de la renta, destinando el 60% de las regalías al desarrollo local y creando clústeres productivos para generar empleo.
En el ámbito minero, el texto aprobado fortalece los controles y la regulación de la actividad extractiva, con el fin de combatir la minería ilegal, que provoca graves daños ambientales, afecta a las comunidades y genera pérdidas económicas para el país. Asimismo, promueve la formalización de la actividad minera, de modo que quienes operen lo hagan conforme a la ley, cumpliendo con sus obligaciones tributarias y ambientales, permitiendo que los recursos obtenidos se conviertan en mayores ingresos para el Estado y en inversión para obras y servicios públicos.
La normativa también establece condiciones más claras y seguras para atraer inversión responsable, tanto nacional como extranjera, mediante reglas transparentes y estables, sin que ello signifique perder la propiedad estatal sobre los recursos naturales. Se mantiene el principio constitucional de que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado ecuatoriano y deben administrarse en función del interés general.
En materia de energía, la ley se orienta a fortalecer la seguridad energética del país, asegurando un suministro suficiente y continuo. Para ello, se dispone un marco legal que facilite el desarrollo de nueva infraestructura, la diversificación de las fuentes de generación y la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico, con el propósito de prevenir crisis energéticas, garantizar el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios, y elevar la calidad de vida de la población.
Durante el debate, se destacó que el proyecto no elimina derechos ni reduce la participación del Estado, sino que busca mejorar su capacidad de control y gestión sobre los sectores estratégicos. También se reiteró que la ley respeta los derechos colectivos y la participación de las comunidades, en especial en los territorios donde se desarrollan actividades mineras y energéticas, conforme a lo dispuesto en la Constitución.
El asambleísta Adrián Castro aseguró que el proyecto no elimina la licencia ambiental, ni debilita los controles mineros, ya que no existen disposiciones derogatorias en los artículos 41 y 45. Explicó que la autorización administrativa ambiental rige desde 2017 y que la normativa secundaria define qué actividades requieren permisos o licencias.
Por ello, llamó a analizar la propuesta con rigor técnico y no con argumentos sin sustento. “Quimsacocha no se toca y ahora es ley”, afirmó.
La moción fue presentada por el asambleísta Anthony Becerra y se dividió en dos secciones: la primera comprendió los artículos 1 al 28, las disposiciones generales primera y segunda, y la disposición transitoria única, que contó con el respaldo de 77 legisladores; mientras que la segunda sección incluyó el artículo 29, la cual no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
El proyecto de ley aprobado será remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción, conforme a lo establecido en la Constitución del Ecuador.
