Luego que se filtrara una conversación entre Luis Daniel Tello Loffredo, ex gerente del Hospital Teófilo Dávila y la directora Médica Asistencial, Génesis Salinas, donde Tello, al parecer, estaría presionando para que la funcionaria reciba equipos médicas que, aparentemente, serían usados, la asambleísta por El Oro, Johanna Moreira, decidió pronunciarse sobre el tema.
Pero no solo por este caso, la legisladora también lo hace ante el editorial que publicó Diario Correo el sábado 26 de noviembre, donde el ex gerente presuntamente profiere de insultos al personal de salud de este nosocomio, el más importante de la provincia de El Oro.
Las comunicaciones van dirigidas al ministro de Salud, José Ruales Estupiñán; y Patricio Donoso, ministro de Trabajo; así como al contralor general del Estado, Carlos Riofrío, con el objetivo que realicen las investigaciones necesarias de los hechos denunciados públicamente a través de los medios de comunicación.
La parlamentaria que integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, solicita al Contralor que dentro de sus competencias, en el plan anual de auditoría, se considere una auditoría técnica, referente a la “Adquisición de máquinas de anestesia, electro bisturís, equipo de succión y torre para endoscopia digestiva, incluye preinstalación, instalación y puesta en marcha para el Hospital General Teófilo Dávila”.
El total de los implementos médicos que adquirió la actual administración, es de $221,373.25, incluido el IVA.
Y finalmente, parte del escrito va dirigido al ministro de Trabajo, el cual le hace saber lo siguiente: “Es indignante, como precisamente el 25 de noviembre, que es el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, se conozcan que en instituciones estatales y por servidores públicos, no tengan el respeto y compostura necesaria en el trato diario con el personal a su cargo, ello contraviene las normas mínimas de convivencia en un ambiente laboral.
«Como firme defensora de los derechos de la mujer y que se erradique la violencia, debo protestar públicamente, por estas supuestas acciones, que no pueden seguirse permitiendo en la función pública, puesto que la misma debe ser ejemplificadora, debido que el servicio público tiene en su esencia el servir con eficiencia y calidad, por medio de personas probas e impolutas”, indica la también cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativo (CAL).
