De manera unánime, la Cámara Provincial de Loja, presidida por el prefecto Mario Mancino, la viceprefecta, alcaldes y presidentes de GADs parroquiales, decidió presentar el recurso jurídico de Amicus Curiae contemplado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el cual, consiste en exponer argumentos relevantes para la mejor resolución de un problema y, designó por consenso a Orli Renán Flores, alcalde de Sozoranga, para que represente a la Cámara Provincial ante el organismo de Control Constitucional.
En lo principal, se busca la declaratoria de inconstitucionalidad de las Reformas al COOTAD, expone Flores, al considerar que las mismas, afectan a la prestación de obras y servicios sociales, culturales y deportivos.
Un ejemplo de la imposibilidad de cumplir con el 70-30 no sólo es reducir o eliminar gastos en fiestas o nóminas de personal, entre otro, lo cual se puede hacer sin reformas; es el pago de la deuda pública que se tiene con el Banco de Desarrollo, por ejemplo, el GAD de Sozoranga destina un 20% de su presupuesto y quedaría un 10% para el pago de remuneraciones y todos los gastos que no se contemplan como de inversión.
A los Municipios, advierte, nos queda el camino de despedir a funcionarios y trabajadores, reducir sueldos, etc., Flores, hace la interrogante: ¿Quién paga las indemnizaciones por el despido de personal?
