Era una cálida tarde de finales de mayo de 2024 en el bajo Manhattan. El jurado del juicio a Donald Trump por el soborno pagado por su exabogado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels estaba deliberando por segundo día consecutivo.
Suponiendo que nos aguardaba una larga espera, me fui a almorzar con el equipo de la BBC al mundialmente famoso restaurante Katz’s para comerme un sándwich Reuben.
Entonces se desató el infierno. El jurado estaba regresando.
Unos rumoreaban que los enviaban, otro día más, de vuelta a su casa; otro rumor sugería que ya tenían un veredicto.
Segundos antes de que saliera al aire el programa BBC News at Ten, llegué sin aliento al punto de transmisión en vivo fuera del juzgado y, con las prisas, estrellé la pantalla de mi teléfono contra el pavimento.
Se le declaró culpable de los 34 cargos de los que se le acusaba.
Estuve en el principal boletín informativo de esa noche explicando la enormidad de la idea de que un expresidente fuera ahora un delincuente convicto, una primicia en la historia de Estados Unidos.
Como corresponsal principal de la BBC en Norteamérica, pasé meses cubriendo los numerosos problemas legales de Trump en los tribunales de toda la Costa Este. Cuatro casos penales separados; varias acciones civiles; le venían desde todos los frentes, amenazando no solo su libertad sino toda su existencia política y comercial.
Un año después, la situación ha cambiado por completo.
Tres importantes sentencias del Tribunal Supremo —una que otorga a presidentes y expresidentes amplia inmunidad procesal; la segunda que desestima el fallo que establecía que los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 lo descalificaban para volver a presentarse a un cargo; y una tercera, el mes pasado, que limita la capacidad de los jueces de distrito para obstaculizar la agenda del presidente—, han envalentonado a este mandatario que, tras haber remodelado la Corte Suprema con una sólida mayoría conservadora, ahora tiene en la mira a los tribunales inferiores.
Esos jueces federales de distrito —que a menudo emitían fallos sobre políticas migratorias que, según afirmaban, eran de aplicación nacional—, ahora se enfrentan a una embestida frontal por parte de una administración que ha cuestionado su legitimidad y, según algunos, menosprecia su propia autoridad.
La pregunta es: ¿deberían contraatacar para reafirmar su autoridad? Y, de ser así, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Acaso todo esto alterará permanentemente el equilibrio de poderes en Estados Unidos, incluso después del final del mandato de Donald Trump?
