Desde pequeños ralladores de cocina de juguete para la hoja de marihuana, manzanas usadas como pipas artesanales y decenas de armas blancas fueron, entre otros objetos, los que se decomisaron en los primeros operativos en los que participaron efectivos de las Fuerzas Armadas en Quito.
Luego de la emisión del Decreto Ejecutivo 730, que dispone a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, su presencia fue notoria desde este jueves en espacios públicos como en las estaciones de buses.
Ejemplo de ello fue una operación que se produjo a primeras horas de la mañana cuando un escuadrón de alrededor de 50 hombres llegó hasta la terminal de buses del Trole, en el sur de la capital, y sorprendió a los usuarios.
Su presencia, sosteniendo sus armas largas, como parte de la dotación que se usará para el control de la inseguridad en el país, generaba recelo.
En medio de la agitación ciudadana por llegar a sus destinos, el personal aplicaba la perfilación de individuos y procedía con las requisas a mochilas, bolsos, prendas de vestir, y ninguno de los que eran escogidos se resistía.
En su mayoría, se decomisaron pipas artesanales elaboradas con frutas o tuercas; fosforeras, cuchillos, estiletes, desarmadores y pulseras consideradas como armas blancas.
El coronel José Luis Núñez, quien lideraba la operación, explicó que el Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) que se realizó días atrás y en diferentes lugares de Quito, “con resultados eficaces”, produjo el retiro de armas blancas, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Aunque, en el último caso, al ser cantidades mínimas no hubo detenidos debido a la existencia de la tabla de drogas para consumo personal.
Núñez aclaró que este tipo de acciones se han realizado esporádicamente, pero a raíz de la publicación del Decreto Ejecutivo 730 se “intensificarán” estas actividades en el Distrito Metropolitano de Quito.
Este control contó también con el apoyo de las autoridades del Municipio de Quito.
El director de Seguridad del Municipio capitalino, Cristian Paredes, explicó que diariamente se están efectuando entre tres y cuatro operativos en diferentes puntos de la ciudad y no solo en las terminales de pasajeros, sino también en espacios públicos o lugares considerados como ‘mapas de calor’ o sectores peligrosos.
Indicó que desde junio del 2022 que rige la Ordenanza Municipal 035, que prohíbe el uso y comercialización de armas blancas, “se han retirado más de 250 armas y su porte sin justificación implica una multa que abarca un salario básico”, que se ejecuta a través de un acto administrativo.
El funcionario precisó que como cabildo no tienen la capacidad para actuar en coordinación con el Decreto Ejecutivo 730, pero sí pueden colaborar de acuerdo con sus competencias. Por ejemplo, “si hay un grupo de personas articuladas a actos de terrorismo se puede actuar en el control del espacio público”.
Según Paredes, la presencia militar es positiva para contrarrestar actos delincuenciales. “La percepción de seguridad crece, porque en cada uno de los operativos en los que participaron las Fuerzas Armadas se han retirado unas 20 armas blancas del espacio público y las personas piensan antes de delinquir porque los operativos son constantes”.
El presidente de la República, Guillermo Lasso suscribió este 3 de mayo el Decreto Ejecutivo 730 con el que viabilizó la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) para la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra actos que se configuren como terroristas.
El documento de nueve páginas que contiene varios considerandos y cinco artículos dispone a las “Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho”.
Así también, ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que inicie de inmediato las acciones que correspondan para reprimir “la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional”.
Dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) a “tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad”.
Al Ministerio de Economía y Finanzas le compromete a asignar los recursos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que se cumpla el decreto; y, se exhorta a las funciones del Estado para que de “manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo respetando la independencia de poderes”.
