El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Machuca, admitió a trámite la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, en contra del alcalde de Quito Pabel Muñoz, por una presunta infracción electoral.
La providencia emitida el jueves, 23 de noviembre, señala que el juez Torres Machuca procedió a admitir la denuncia una vez que Guarderas aclaró los detalles de la acusación presentada.
En el marco de esta causa, el juez ha ordenado un peritaje a las redes sociales del Municipio de Quito y del movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece Pabel Muñoz, fundamentando la denuncia de Guarderas, la cual sostiene que el alcalde se involucró indebidamente en la pasada campaña presidencial a favor de Luisa González.
Como parte del proceso, el juez le ha otorgado a Pabel Muñoz un plazo de cinco días, a partir de su citación por el organismo, para que presente su respuesta a la denuncia.
Las partes involucradas deberán compararcer el 27 de diciembre de 2023 a las 10:00 para la realización de la audiencia oral de prueba y alegatos, la cual se llevará a cabo en la sede del TCE, en Quito.
¿Qué fue lo que pasó?
Durante la campaña por la Presidencia de Ecuador, Muñoz apareció en varios videos junto a la ex presidenciable Luisa González, en una serie de ofertas para la ciudad de Quito. Por eso Guarderas lo denunció por hacer proselitismo político sin haber pedido licencia en sus funciones como alcalde.
«Al ser un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política», informó Guarderas en un comunicado.
La denuncia fue presentada en su calidad como ciudadano y no como consejero, resaltó Guarderas.
El art. 278, numeral 3, del Código de la Democracia determina una infracción electoral grave cuando: «Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato».
Esta infracción se sanciona con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
