La mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social ha aprobado un informe que incluye recomendaciones como demandar la inconstitucionalidad del acuerdo, declarar la ilegitimidad de la deuda, y solicitar al Gobierno que se abstenga de pagarla o solicitar más desembolsos. Del acuerdo ya se han recibido 1 000 millones de dólares.
El informe también propone un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Aunque el documento necesita 70 votos para ser aprobado en el pleno, hasta ahora cuenta con el apoyo de la Revolución Ciudadana y Pachakutik, que suman 54 votos.
Sin embargo, incluso si el informe es respaldado por la mayoría de los legisladores, su validez jurídica sería nula, según un precedente de la Corte Constitucional en 2019.
La iniciativa ha generado preocupación sobre la imagen internacional de Ecuador, ya que, según Francisco Rivadeneira, exrepresentante de Ecuador ante el FMI, este tipo de posturas podría hacer que el país sea visto como un «mal pagador», afectando su reputación en los mercados internacionales.
