En un giro decisivo dentro del pulso institucional que vive el país, la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Daniel Noboa dispuso una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin control previo del alto tribunal.
Como medida cautelar, la Corte ordenó la suspensión provisional de los efectos del decreto, mientras se sustancia el proceso.
El organismo detalló que las tres Salas de Admisión resolvieron aceptar las causas 127, 128, 129, 130 y 131-25-IN, presentadas por distintos actores sociales, y conceder las medidas cautelares solicitadas. La decisión, según indicó, busca prevenir efectos irreversibles que puedan poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación ciudadana.
En su boletín difundido cerca de la medianoche, la Corte enfatizó que esta resolución no constituye un bloqueo institucional ni un freno a la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre reformas constitucionales, sino que responde a la obligación de velar porque todo proceso se realice dentro del marco previsto en la Carta Magna.
El tribunal recalcó que “respetar la Constitución no significa confrontación política ni enemistad con el pueblo”, y recordó que su rol es ser garante de los derechos y de la democracia. Asimismo, rechazó “toda forma de intimidación” y aseguró que continuará el análisis de las demandas con independencia, transparencia y celeridad, hasta emitir una sentencia definitiva con pleno respeto al derecho a la defensa de todas las partes.
Esta decisión llega tras días de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, en medio de un escenario de protestas y cuestionamientos a la legalidad del decreto presidencial.
