Mientras más se acerca el día para conocer el informe motivado respecto a la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, a los legisladores les invade la ansiedad y nerviosismo.
El informe borrador de la solicitud de juicio al primer mandatario se conocerá este viernes, y este mismo día se convocará a los asambleístas integrantes de la mesa de fiscalización para una reunión para el sábado 6 de mayo, a fin de conocer y resolver sobre el informe motivado.
La mayoría los asambleístas está a la expectativa e incluso, este jueves 4 de mayo, hubo confrontaciones en el pleno derivadas por declaraciones del legislador, Fernando Villavicencio (IND), encargado de revisar y presentar el informe motivado sobre el pedido de juicio.
También se registró la presencia de cinco legisladores que integran la Comisión de Fiscalización que representan al correísmo, socialcristianos y ex Pachakutik en una sesión que estaba destinada a reunir a los asesores de los asambleístas para conocer los aportes que consideren los legisladores, miembros de la mesa, enmarcados en la solicitud del juicio político al primer mandatario.
La presencia en la sesión, no oficial de la comisión, de los asambleístas: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex PK), fue calificada como “invasión, intimidación y acoso laboral”, por parte del legislador Fernando Villavicencio, presidente de la mesa de Fiscalización, quien anunció que presentará una queja en contra de los asambleístas por aplicar acciones sicológicas contra el equipo técnico de la comisión encargado de sistematizar la información y los documentos presentados durante los diez días de prueba del juicio político.
A las 09:30, llegaron los cinco legisladores e irrumpieron la sesión de asesores conducida por Santiago Becdach, asesor 1 de la Comisión que junto a María Sol Sevilla, por encargo del presidente de la Comisión de Fiscalización construyen el informe desde hace una semana. La sesión era reservada y no había acceso a la prensa, pero los cinco legisladores invitaron a pasar a los periodistas para dejar constancia de su queja por la forma en que se elabora el informe borrador.
El asambleísta Roberto Cuero (UNES), pidió explicaciones a Becdach si en la redacción del informe se hizo valoración de las pruebas para la construcción del informe, lo cual fue confirmado por el equipo asesor. Eso motivó a cuestionar al representante del Guayas con qué autoridad, los asesores valoran las pruebas cuando ese trabajo le corresponde a los legisladores integrantes de la mesa. Becdach, aclaró que es solo un análisis para poder presentar un borrador de informe al presidente de la comisión.
Cuero insistió que saltan algunas dudas y que lo dejan absorto porque “los asesores no están en capacidad de hacer valoración de pruebas, ustedes como asesores tienen la capacidad de construir el informe con antecedentes y recoger la participación de cada uno de los comisionados, pero no están en la capacidad de valorar pruebas, eso corresponde a los jueces sustanciadores de este juicio político que somos los comisionados”.
El representante de UNES, aclaró que no han emitido amenazadas al equipo asesor como lo denunció el asambleísta Villavicencio, lo que han hecho es puntualizar las competencias del equipo asesor y de los asambleístas.
Además, dio lectura de un tuit del asesor Becdach, del 17 de marzo de 2023, respecto a la presentación del juicio político, donde dice: “no entiendo cómo pueden jugar de esta manera con la estabilidad del país; presentar un juicio político contra un presidente reclama seriedad por sus consecuencias de cara la inversión, la comunidad internacional y el prestigio político que evidentemente los tiene sin cuidado”. Por este mensaje, Cuero, cuestionó que el asesor que construye el informe borrador tiene un sesgo político.
Su coidearia, Gabriela Molina, reclamó por qué no hacen llegar el borrador de informe para poder emitir los criterios y además dijo que el reglamento señala que el informe debe incluir los criterios de todos los integrantes de la mesa.
Bruno Segovia (ex PK), intervino para señalar que “basta de tomaduras de pelo, la viveza criolla”, que este informe del juicio político es de la comisión que es la que valora las pruebas, “sino para que churos estuvimos aquí todos estos días escuchando las declaraciones; nosotros tenemos que decir si la prueba es pertinente, útil, conducente si hace mérito; y si procede o no de forma motivada el enjuiciamiento político; de lo, pertinente o conducente, si procede o no el juicio político; de lo contrario mándenos a la casa y cobren ustedes el sueldo y hagan lo que les de la gana”, anotó.
Segovia planteó a Becdach dar un paso al costado y ese planteamiento recibió el apoyo de los legisladores presentes en la sesión.
Fernando Villavicencio, salió a defender al equipo asesor y dijo que se trata de una invasión a la comisión, una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos, y anunció que presentará una queja por acoso laboral y que todo eso es una expresión de una “enorme debilidad” de los bloques de mayoría y una babilonica debilidad de los interpelantes sumada a la mediocridad para la presentación de pruebas.
Aseguró que en diez días de pruebas no han logrado presentar una sola prueba del supuesto delito de peculado y han conducido al error al propio Parlamento y a la Corte Constitucional al anunciar un contrato firmado en julio de 2022, que no existe.
El legislador nacional aseguró que a la falta de pruebas la única prueba que tienen es la violencia, y señaló que “los asambleístas Roberto Cuero y Bruno Segovia, han llevado a colmarme la paciencia, yo he honrado la palabra con información del asambleísta Cuero y Segovia, pero si pretenden seguir incidentando hasta aquí llego; pues la actitud de hoy es violenta y matonil, que ya vivimos durante el correato, y nosotros no lo vamos a permitir”.
Villavicencio también se refirió al pedido de consulta que hizo el legislador Esteban Torres (PSC), a la coordinación jurídica del Parlamento sobre cómo actuar si no hay los votos en caso que el informe motivado recomiende el archivo del juicio político, y señaló “con el respeto a los albañiles, yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la Asamblea; y un abogado litigante sabe que solo la Procuraduría del Estado puede emitir un criterio cuando hay un vacío”.
Esa comparación molestó al asambleísta Torres, quien en el pleno reclamó a Villavicencio y se registró forcejeos que provocaron llamados de atención y la intervención de la escolta legislativa mientras en el pleno se discutía la aprobación del proyecto de ley orgánica de Salud Mental.
La preocupación sobre lo que pasará en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, también llega al grupo de asambleístas de Pachakutik. En ese sector existe división sobre la posición que asumirán, unos están en contra del proceso de juicio por no haberse demostrado fehacientemente el presunto delito de peculado en el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers.
Pero también existe un ala rebelde del Pachakutik y de la Izquierda Democrática que concuerdan con la tesis del correísmo y socialcristianos que se debe votar a favor de la censura y destitución del primer mandatario. El debate continúa.
