La Asamblea Nacional, este 26 de abril, cerró la etapa de actuación de pruebas del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en medio de denuncias, confrontaciones y amenazas entre asambleístas. El proceso pasa a la siguiente etapa, esto es, la redacción del informe motivado que recomendará la absolución o el juicio político al mandatario.
La sesión se instaló pasadas las 09:00 y se inició con la exposición de Viviana Veloz (UNES), que fue delegada por el grupo de legisladores que presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por un supuesto peculado.
La audiencia de alegatos concluyó cerca de las 14:00, con un reclamo de los legisladores correístas que pedían que se permitiera la lectura de una carta remitida por el ex gerente general Johnny Estupiñán respecto a las razones por las cuales no compareció ante la comisión y su versión sobre la acusación planteada en el juicio de un supuesto peculado que habría cometido el primer mandatario.
Tras un corto debate, la presidenta encargada de la mesa de Fiscalización, Ana Belén Cordero (BAN), planteó que se llame a votar a los asambleístas de la comisión, pero el correísmo y la oposición estaban en desventaja, por la ausencia de los legisladores María Gabriela Molina (UNES) y Pablo Muentes (PSC).
La sesión de la comisión se clausuró en medio de gritos del correísmo y con el anuncio de la legisladora Veloz de que pedirá al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que en el día del juicio político al presidente ante el pleno se reciba a Estupiñán en comisión general.
Alegatos
Tras la audiencia, la legisladora Veloz señaló que se expusieron más de cien pruebas documentales y testimoniales que ratifican que existe la responsabilidad política para que el presidente de la República sea censurado y destituido del cargo. Todas las pruebas practicadas dan la razón y comprueban la responsabilidad del acusado en los hechos de corrupción que derivan en peculado. El juicio político está más vivo que nunca, alertó.
Dijo que la presencia de Johnny Estupiñán dentro del juicio es clave; sin embargo, el exfuncionario no acudió a la convocatoria realizada por la mesa. Según Veloz, el vicealmirante Estupiñán debe relevar ante el país la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso, porque “permitió y auspició la distracción de fondos públicos”.
El exgerente Estupiñán, recalcó la legisladora correísta, fue el único gerente que tuvo el acto patriótico de querer dejar sin efecto el contrato entre Amazonas Tanker y la empresa pública Flopec, y además conoce todos los actos de corrupción de la exautoridad de EMCO Hernán Luque Lecaro.
Veloz, ante la comisión, recalcó la facultad de la Asamblea Nacional para definir la censura y destitución del primer mandatario por los actos de corrupción en Flopec EP, y aseguró que el pueblo ha retirado su confianza al primer mandatario.
Indicó que los legisladores de su bancada no temen una muerte cruzada implementada desde el Ejecutivo ante la investigación iniciada en contra del primer mandatario, pues reiteró: “El juicio político busca despejar el camino del mayor obstáculo que hoy enfrenta el Ecuador, y ese obstáculo tiene nombres y apellidos: Guillermo Lasso Mendoza. Despejada la vía, podremos avanzar hacia adelante; mientras tanto, seguiremos estancados; y lo más doloroso, continuaremos retrocediendo”.
Dijo que es cierto que con la salida de Guillermo Lasso “no resolveremos todos nuestros conflictos, pero será un paliativo que calme la fiebre asfixiante que nos consume y evitará algo peor: que la metástasis de la polarización y la pobreza carcoman los cimientos de nuestra propia democracia”.
Para la exposición de sus alegatos, la legisladora Veloz se apoyó en audios y videos expuestos como pruebas de cargo, y además algunas revelaciones que hicieron los comparecientes que acudieron a la mesa durante la etapa de comparecencias.
“Hagamos justifica política ante la indolencia del presidente Guillermo Lasso. Por las razones políticas de la estructura de corrupción en las empresas públicas, el presidente debe ser censurado y destituido”.
Enfatizó que las pruebas existen y que fueron expuestas en el proceso de juicio político, tanto en las comparecencias como en la solicitud de las pruebas de oficio planteadas por los miembros de la comisión. “Son pruebas que demuestran la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de 129 de la Constitución”, anotó.
Aclaró que no se quiere referir a las razones políticas para destituir al presidente de la República, porque existen por millones, por cada ciudadana defraudado y desencantado, y no “porque no sean parte de este juicio podemos dejar de mencionar los $ 140.000 que solicitaba Hernán Luque y los $ 30.000 que debían entregarle a H. D. Dany, Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República”.
No porque no sean parte de este juicio se puede dejar de mencionar, añadió Veloz, a los narcogenerales; cómo ocultar la benevolencia del presidente Guillermo Lasso con los corruptos del caso Encuentro, el caso Danubio, papeles de pandora y el caso León de Troya; cómo justificar su silencio ensordecedor ante los generales que archivaron una denuncia de narcotráfico en contra de su cuñado. Hacerlo, dijo Veloz, no solo es inmoral: es traicionar y abandonar a su suerte al pueblo ecuatoriano. Los seremos humanos sabios y humildes saben identificar el momento oportuno para decir adiós.
“Presidente Lasso, usted fracasó como gobernante. No prolongue su agonía política ni conduzca al Ecuador a un escenario de incalculables consecuencias sociales, si le importa la patria. Evítenos la vergüenza de destituir a un presidente y regrese a sus actividades como banquero”, afirmó la interpelante correísta.
Argumento de defensa
Édgar Neira Orellana, abogado de la defensa del presidente, planteó a los miembros de la Comisión de Fiscalización que no acepte los alegatos de la oposición y que no recomiende al pleno de la Asamblea Nacional el juicio político al primer mandatario, por no haberse comprobado el peculado que dicen sus proponentes que cometió.
Neira indicó que no hay prueba de que su cliente conoció el contrato Flopec-Amazonas Tanker Pool, y tampoco el primer mandatario recibió las cartas de Johnny Estupiñán, ex gerente general de Flopec, donde supuestamente advertía hechos irregulares.
Igualmente, comentó que el informe de la Contraloría General del Estado comprende contratos celebrados y modificados en el año 2020, es decir, antes de que Guillermo Lasso asumiera el poder; así como tampoco la Contraloría notificó del informe sobre el caso Flopec; y, finalmente, reiteró que nunca ocurrió una celebración de un nuevo contrato de transporte petrolero con Amazonas Tanker durante el actual gobierno.
Respecto a las acusaciones sobre la inacción del primer mandatario en el caso Flopec, dijo que son falsas las acusaciones, porque el 20 de septiembre de 2021 se presentó una denuncia en la Fiscalía sobre ese contrato suscrita por Pilar Ferri, gerente general de la empresa pública, a quien por mandato del artículo 9.15 de la ley de empresas públicas corresponde denunciar hechos relacionados con dicha empresa.
