En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, el contralor Mauricio Torres anunció este 21 de febrero que el expresidente Guillermo Lasso será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios básicos unificados por nombramiento irregular de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública.
La multa impuesta al ex jefe de Estado asciende a $6 900. Torres afirmó: «Se predeterminan responsabilidades, que alcanzan desde el presidente de la República, con una multa de 15 salarios básicos, hasta otros funcionarios del Talento Humano y de la Secretaría, así como la destitución del puesto y una multa equivalente a 20 salarios básicos para el exsecretario de la Administración». Además, se ha remitido un indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía por acciones que contravienen la ley durante el mandato de este servidor.
Recientemente, la Contraloría determinó que Corral no cumplía los requisitos para ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República durante la gestión de Lasso, dado que era accionista de dos compañías con contratos estatales.
Estas conclusiones surgieron tras un examen especial sobre el cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades antes de la designación y posesión de Corral en su cargo, entre enero y agosto de 2023.
Torres también anunció que se realizarán dos exámenes adicionales: uno sobre posibles vínculos con paraísos fiscales y otro sobre la verificación del patrimonio declarado por Corral.
Se ha emitido una orden de trabajo relacionada con las declaraciones juramentadas de ex ministros, ex funcionarios del gobierno de Lasso, incluyendo al ex mandatario y al ex vicepresidente Alfredo Borrero, así como a una ex asambleísta y algunos gobernadores. Torres estima que dentro de sesenta días se obtendrán los primeros resultados.
En cuanto a la situación del ministro del Deporte, Andrés Guschmer, se reveló que el funcionario se acercó a la Contraloría el 16 de febrero para solicitar un examen, luego de ser señalado por tener deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La Comisión de Fiscalización también aprobó por unanimidad la comparecencia de la ex comandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela, tras denuncias públicas sobre su supuesta participación con el crimen organizado. Varela negó categóricamente las acusaciones, afirmando que nunca cometió irregularidades durante su mandato.
