Con el voto unánime de las autoridades presentes, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), destituyó de su cargo al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), D.I.J.C., quien fue investigado por acoso sexual.
El caso se conoció luego de que el 2 de julio de este año, una funcionaria presentara su renuncia al cargo de asistente administrativa en la CNJ y en el escrito correspondiente denunció el acoso que sufrió por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.
Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.
Cabe señalar que el 16 de octubre de 2025, en aplicación de la Resolución N.° 112-2023, que regula el “Procedimiento de cesación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia”, se conformó una veeduría técnico-jurídica integrada por profesionales del Derecho de reconocida probidad, ética y trayectoria.
La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. En este marco, señaló que el sumariado tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.
Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes. De las versiones referidas, se determina que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio (S.O.S) con su compañero de trabajo.
Por ello, el CJ adoptó esta decisión y ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales.
