En este caso, la Fiscalía solicitó el ingreso al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la agredida, su madre y hermanastra, quienes habrían recibido amenazas para que desistieran de la acusación.

Este caso es procesado con base en el artículo 171, inciso primero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COPI), que sanciona el delito de violación con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.