El presidente de la República, Daniel Noboa, promulgó mediante decreto el Reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa aprobada por la Asamblea Nacional y refrendada por el Ejecutivo a finales de junio, pero que hoy, con el reglamento para su aplicación, queda en plena vigencia.
La Ley reforma estatutos inherentes a la contratación pública, al desempeño de los servidores públicos, a la deportación, a la constitución de las cooperativas de ahorro y crédito, entre otros cambios.
Por ejemplo, con la normativa se realizarán evaluaciones periódicas y pruebas de confianza a cerca de medio millón de servidores públicos que hay en el país. El Ministerio del Trabajo ya prepara los lineamientos para aplicar estas evaluaciones, que se regirán por seis parámetros establecidos en la ley: cumplimiento de metas, calidad del trabajo, conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. La calificación máxima será de 100 puntos y la mínima suficiente, de 51. Quienes obtengan 50 o menos podrían ser desvinculados del cargo.
Por otra parte, el reglamento también subraya que los trabajadores públicos menores de 70 años podrán jubilarse de forma voluntaria si cumplen con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social. Aunque esta disposición ya existía, se aclara para evitar confusiones, ya que inicialmente se propuso elevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, lo que generó críticas.
Con respecto a la deportación, el reglamento establece que, si esta ocurre en el marco del conflicto armado interno, no se requerirá un documento de viaje.
Adicionalmente, el Reglamento también fija como fecha máxima el 20 de septiembre de 2025 para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera actualice las denominaciones de unidades del sistema bancario nacional, con ello se insta a las cooperativas de ahorro y crédito a que cambien sus denominaciones y pasen a ser bancos.
La Ley de Integridad Pública es un instrumento de iniciativa del Gobierno Nacional, no obstante, acumula varias demandas por supuesta inconstitucionalidad. La última llegó de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, justamente por la intención de querer convertir a las cooperativas en bancos.
