Un tribunal dispuso la localización y aprehensión del expresidente tras ausentarse por sexta vez a la lectura de su sentencia.
La Justicia ecuatoriana emitió una orden de captura contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortíz este jueves 3 de septiembre. Los jueces tomaron la decisión luego de que el procesado faltó por sexta ocasión a la audiencia de juzgamiento.
La diligencia debía reinstalarse a las 17:00 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Tres de los cuatro acusados se conectaron telemáticamente, pero el exmandatario volvió a justificar su falta alegando problemas de salud.
La defensa afirmó que Bucaram permanecía hospitalizado en Guayaquil. Sin embargo, los agentes policiales desplazados al centro médico no pudieron verificar su presencia en las instalaciones.
Vigilancia policial e investigación a clínicas
El tribunal suspendió la audiencia porque la ley exige la presencia presencial o virtual de todos los procesados. Los magistrados ordenaron mantener custodia policial permanente en la clínica privada.
La Policía aprehenderá a Bucaram inmediatamente al recibir su alta médica. Además, la Sala dispuso investigar a tres centros de salud de Guayaquil para auditar los certificados médicos presentados.
El caso investiga el delito de delincuencia organizada por la venta irregular de pruebas de covid-19 e insumos médicos durante la pandemia de 2020.
Alerta por riesgo de prescripción
La fiscal Lidia Sarabia calificó la constante dilatación del proceso como un hecho inaudito e inadmisible. La funcionaria advirtió previamente sobre el riesgo inminente de prescripción de la causa.
La Fiscalía formuló cargos iniciales en agosto de 2020 contra el exjefe de Estado. Un mes después, la institución vinculó formalmente al proceso a su hijo, Jacobo Bucaram.
El juicio inició formalmente el 11 de abril de 2025, tras múltiples diferimientos acumulados desde 2022. La causa contó con el testimonio de 50 peritos y testigos.
El esquema de los insumos médicos
La teoría fiscal sostiene que los procesados integraron una red delictiva entre marzo y agosto de 2020. La estructura comercializó ilegalmente 21.000 pruebas diagnósticas y mascarillas.
Un ciudadano israelí, asesinado posteriormente en la Penitenciaría del Litoral, declaró que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por la mercadería.
Agentes de tránsito custodiaron el traslado de los insumos hacia la vivienda del expresidente. Los implicados utilizaron identificaciones falsas de la DEA para evadir controles vehiculares.
El delito de delincuencia organizada contempla penas de hasta 10 años de cárcel. Dos exescoltas presidenciales ya recibieron condenas reducidas tras someterse a procedimiento abreviado.
ITD: https://primeraplana.com.ec/ordenan-captura-de-abdala-bucaram/
