La Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro (ACPEO) y el Consejo Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza presentaron una solicitud formal al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que se retire la calificación de “urgente en materia económica” al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y, de persistir sus vicios, sea devuelto por incumplir la Constitución.
Las organizaciones advierten que el proyecto no se limita a aspectos económicos, sino que introduce reformas profundas en materia ambiental, territorial, hídrica y de derechos colectivos, lo que hace improcedente su tratamiento acelerado.
Entre los puntos más graves señalados constan:
- Eliminación de la licencia ambiental
- Reducción de controles progresivos.
- Restricción de la consulta ambiental y de la participación ciudadana.
- Flexibilización de derechos mineros.
Estas medidas, sostienen, constituyen una regresión normativa prohibida por la Constitución, al debilitar los derechos de la naturaleza, el derecho al ambiente sano y las garantías de participación democrática.
Recalcan que no existe una crisis económica inmediata que justifique el trámite exprés del proyecto, pues los propios indicadores oficiales muestran crecimiento del PIB, baja inflación y mejoras en empleo. Por tanto, la figura de urgencia estaría siendo utilizada como un atajo para imponer reformas estructurales que requieren debate amplio y técnico.
Riesgo directo para territorios y fuentes de agua
Las organizaciones alertan sobre un riesgo real para provincias como El Oro, donde megaproyectos extractivos —como el proyecto minero Cangrejos— podrían verse favorecidos por este marco legal regresivo, exponiendo zonas de protección hídrica y debilitando ordenanzas municipales vigentes.
Recuerdan además que la Constitución ecuatoriana y la jurisprudencia interamericana obligan al Estado a garantizar consulta previa desde las etapas iniciales, aplicar el principio precautorio y mantener estándares ambientales efectivos.
Demandas al CAL
Las organizaciones ciudadanas exigen al Consejo de Administración Legislativa:
Rectificar la calificación de “económico urgente”.
- Involucrar obligatoriamente a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
- Suspender el trámite mientras se verifica el cumplimiento del principio de unidad de materia.
- Convocar audiencias públicas con participación efectiva de comunidades, expertos y gobiernos locales.
- Y, de mantenerse los vicios señalados, devolver el proyecto al Ejecutivo.
Anunciaron que, si el proceso continúa en estas condiciones, activarán acciones constitucionales y mecanismos internacionales de protección de derechos.
“La urgencia económica no puede utilizarse para debilitar el ambiente, el agua y los territorios. Este proyecto debe debatirse con transparencia y participación ciudadana, no aprobarse a puertas cerradas”, señalaron.
