Un pronunciamiento firmado por colectivos nacionales e internacionales sostiene que la nueva normativa amplía de forma discrecional el concepto de conflicto armado interno, favorece la militarización de la seguridad y abre la puerta a escenarios de impunidad.
Varias organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y plataformas ciudadanas emitieron este 19 de junio de 2026 un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por los alcances del Decreto Ejecutivo No. 424, firmado por el presidente Daniel Noboa el 18 de junio.
Según el documento, la normativa amplía de manera arbitraria la figura del conflicto armado interno y podría generar afectaciones a derechos fundamentales, al control democrático y al Estado de derecho.
El texto sostiene que el decreto reinstala la narrativa de combate a la criminalidad dentro de un marco de “guerra interna” y extiende las facultades del Estado para actuar frente a categorías amplias e indeterminadas como “amenazas”, “orden público” o “paz social”.
Intervención
Las organizaciones advierten que esta redacción permitiría incorporar a distintos actores sociales, organizaciones o colectivos dentro de ámbitos de intervención militar, policial o civil, bajo criterios discrecionales del Ejecutivo.
Los firmantes también cuestionan que la normativa contemple la participación de civiles y de “Estados cooperantes” en acciones vinculadas al conflicto armado interno.
A su juicio, la falta de límites claros sobre el alcance de estas intervenciones, así como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, incrementa el riesgo de injerencia extranjera en asuntos internos del país y debilita las garantías de protección judicial para eventuales víctimas de abusos.
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Indultos
Otro de los puntos señalados en el pronunciamiento es la inclusión de referencias a posibles indultos, amnistías, rebajas o conmutaciones de penas para integrantes de la fuerza pública y civiles que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno.
Las organizaciones consideran que estas disposiciones podrían ser interpretadas como un mensaje anticipado de tolerancia frente a eventuales excesos o violaciones de derechos humanos, especialmente en un contexto marcado por denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos atribuidos a agentes estatales.
El documento además afirma que la estrategia de militarización aplicada durante los últimos años no ha logrado reducir de manera efectiva la violencia criminal y, por el contrario, ha coincidido con un incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Los colectivos sostienen que el decreto profundiza un modelo de excepcionalidad permanente que amplía facultades extraordinarias del Ejecutivo sin los controles constitucionales que normalmente rigen para este tipo de medidas.
Frente a este escenario, pidieron monitoreo reforzado sobre la situación de derechos humanos en Ecuador y exhortaron a la comunidad internacional a mantener vigilancia sobre el impacto de la medida.
ITD: https://www.radiopichincha.com/organizaciones-derechos-humanos-rechazan-decreto-riesgos-democracia/
