La propuesta también contempla nuevos delitos relacionados con el crimen organizado y mecanismos para recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias.
La iniciativa, presentada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, recibió el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Los 61 votos en contra provinieron de legisladores de la oposición, principalmente de la Revolución Ciudadana.
El proyecto contiene 39 artículos reformatorios, cinco disposiciones transitorias y una disposición final. Sus cambios abarcan el COIP, la normativa sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
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Acumulación de penas de hasta 60 años
Una de las principales modificaciones establece un régimen excepcional de acumulación de condenas que permitirá alcanzar hasta 60 años de privación de libertad.
La disposición se aplicará cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las penas individuales supere los 40 años.
En esos casos, las condenas podrán acumularse hasta el doble de la pena más grave, sin superar el límite de 60 años. Para los demás supuestos se mantendrá el máximo de 40 años.
El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), respaldó el proyecto, aunque planteó que la acumulación excepcional debería aplicarse desde el segundo delito y no desde el tercero.
Nuevas sanciones para integrantes y colaboradores de organizaciones criminales
La Ley Antimafias incorpora disposiciones para sancionar a personas que participen en el funcionamiento de organizaciones criminales, incluso cuando no ejecuten directamente los delitos. Entre las figuras previstas constan la colaboración externa y la pertenencia funcional.
La colaboración externa contempla penas de 10 a 13 años para quienes proporcionen conscientemente recursos, información o asistencia destinada a facilitar actividades criminales. En determinados casos de mayor gravedad, las sanciones podrán alcanzar entre 19 y 22 años.
Por su parte, la pertenencia funcional incluye actividades como vigilancia, alertas sobre operativos, transporte de integrantes, abastecimiento logístico y protección de rutas utilizadas por organizaciones delictivas. Las penas previstas van de 13 a 16 años y pueden aumentar hasta un rango de 22 a 26 años en casos agravados.
El proyecto precisa que los vínculos familiares, laborales o profesionales con integrantes de organizaciones criminales no constituyen, por sí solos, prueba de participación delictiva.
También incorpora sanciones para quienes recluten adultos con fines criminales o faciliten inmuebles, vehículos e instalaciones con conocimiento de que serán utilizados para cometer delitos.
Desplazamiento y confinamiento forzado serán nuevos delitos
La reforma incorpora al COIP dos figuras relacionadas con el control territorial ejercido mediante violencia o amenazas. El desplazamiento interno forzado contempla penas de siete a diez años de prisión para quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas o impidan su retorno.
El confinamiento forzado establece sanciones de cinco a siete años cuando integrantes de organizaciones criminales restrinjan la movilidad de dos o más personas mediante amenazas, intimidación o violencia.
Estas disposiciones abarcan situaciones en las que grupos delictivos imponen controles sobre barrios, vías de acceso o comunidades.
Endurecimiento de sanciones por tráfico ilegal de combustibles
El proyecto también reforma las disposiciones relacionadas con el almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y refinación ilegal de hidrocarburos y sus derivados. Las penas se establecerán según la cantidad de combustible involucrada, con rangos que van desde uno hasta diez años de prisión.
Cuando estas actividades tengan como finalidad financiar o facilitar operaciones de organizaciones criminales, la sanción máxima correspondiente podrá incrementarse en un tercio.
La normativa contempla además multas para personas jurídicas involucradas y medidas de incautación de vehículos, maquinaria y otros bienes utilizados en estas actividades.
Cooperación eficaz y recuperación de bienes ilícitos
La reforma incorpora un mecanismo de cooperación eficaz reforzada para personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada que entreguen información verificable y relevante a la Fiscalía.
Los beneficios estarán sujetos a resultados concretos, como la identificación de dirigentes, la recuperación de activos o la desarticulación de organizaciones criminales, y deberán contar con control judicial.
La reducción de penas no será aplicable a delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
En materia patrimonial, la ley contempla mecanismos para la administración, asignación temporal y venta anticipada de bienes incautados, bajo determinadas condiciones y con autorización judicial.
Los bienes podrán destinarse provisionalmente a instituciones públicas u organizaciones sin fines de lucro para actividades sociales, educativas, sanitarias y comunitarias, mientras se resuelve su situación jurídica.
Protección de jueces y cooperación con Italia
Entre las disposiciones aprobadas también consta la protección de datos personales y de ubicación de jueces que conozcan procesos relacionados con delincuencia organizada, cuando existan riesgos para su seguridad.
La reforma prevé, además, la inhabilitación profesional de abogados y contadores condenados por facilitar u ocultar dolosamente determinados delitos, mediante sentencia ejecutoriada.
Durante el tratamiento del proyecto, la Asamblea recibió cooperación técnica de representantes de Italia, país que compartió experiencias legislativas y judiciales en la lucha contra las organizaciones mafiosas.
La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, entregó reconocimientos a Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y a Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.
Tras la votación, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa para el trámite constitucional correspondiente. El Ejecutivo podrá sancionar el texto o presentar objeciones conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución.
ITD: https://primeraplana.com.ec/asamblea-aprueba-ley-antimafias-que-contempla-penas-de-hasta-60-anos/
Asamblea aprueba Ley Antimafias, que contempla penas de hasta 60 años
