Las actividades de la Asamblea Nacional se suspenden desde este 8 de enero hasta el 22 de enero inclusive, por la vacancia legislativa que aprobó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el 2 de enero de 2025.
Con ello, se suspenden las sesiones del plenario y de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, las reuniones de los grupos parlamentarios temáticos y grupos interparlamentarios de amistad, del Comité de Ética y las sesiones del Consejo de Administración Legislativa.
Según la normativa vigente, durante este periodo de receso de quince días se suspenden los plazos y los términos de los trámites ordinarios para la aprobación de proyectos de ley, sustanciación de solicitudes de juicios políticos, trámites de denuncias y quejas contra legisladores, trámites de enmiendas y reformas parciales a la Constitución, los procesos de seguimiento y evaluación de las leyes.
Sin embargo, las actividades administrativas y de gestión se mantendrán con el personal mínimo necesario para garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Aunque excepcionalmente, durante el receso, la presidenta encargada del Parlamento por sí o a petición de la mayoría de sus miembros o del presidente de la República podrá convocar a periodos extraordinarios de sesiones.
Asamblea de suplentes
Al iniciarse el periodo de campaña electoral, el pasado 5 de enero, la Asamblea Nacional empezó a llenarse de asambleístas suplentes, pues la presidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, habló de 98 principalizaciones.
Muchos de los suplentes tuvieron complicaciones para asumir el cargo porque previamente tenían que llenar el formulario de verificación de documentos y presentar credenciales de acreditación del cargo, declaración patrimonial jurada electrónica de inicio de gestión emitida por la Contraloría, certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros.
Tras la principalización de los asambleístas, algunos suplentes solicitaron la incorporación de sus equipos para el trabajo por desarrollarse durante el encargo, esto porque no todos los legisladores alternos tienen buenas relaciones con los principales.
Esos pedidos pusieron en aprietos a la presidenta encargada de la Asamblea, porque los contratos a nivel legislativo fueron ratificados en la última semana de diciembre de 2024 por la presidenta titular, Viviana Veloz, y empezaron a regir desde el 1 de enero de 2025. Se analizará caso por caso, dijo Cuesta.
Temas pendientes
En la resolución del pleno de la Asamblea Nacional aprobada el 4 de enero pasado se resolvió suspender los plazos de los trámites, así como las sesiones de las comisiones especializadas permanentes en las que el presidente y vicepresidente son candidatos a elección popular, desde el día 5 de enero hasta el 9 de febrero inclusive.
Con la suspensión temporal de las actividades legislativas por la vacancia quedan varios temas pendientes que deberán esperar el retorno de los asambleístas el 23 de enero, como definir el trámite en primer debate del proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, donde se propone el establecimiento de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
El informe para primer debate de este proyecto de reformas de iniciativa del Ejecutivo fue aprobado el 27 de diciembre de 2024, donde se incluyen observaciones en cuanto a la cooperación internacional para enfrentar al narcotráfico y una conclusión respecto a la soberanía que se fundamenta tanto en los tratados y convenios internacionales como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los Estados para combatir los problemas transnacionales.
La presidenta encargada, Esther Cuesta, no quiso adelantar criterio sobre si dentro de su gestión como presidenta incluirá el tema en el debate del pleno, compuesto en su mayoría de suplentes, dijo que es un tema de análisis y que hará las consultas correspondientes con las demás bancadas, pero al retorno del receso.
Además comentó que espera pedir un pronunciamiento al pleno de la Asamblea para levantar la suspensión de las actividades en aquellas comisiones donde sus autoridades no están de candidatos para poder avanzar en el análisis de los proyectos pendientes de trámite.
En materia de fiscalización queda pendiente el trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto, interpuesta por la legisladora Ana Cecilia Herrera (RC), por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con un presunto conflicto de intereses respecto del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, y además deberá responder acusaciones sobre una denuncia de concusión y perjurio vinculado a un contrato de arrendamiento, hecho que fue denunciado por una exfuncionaria del CPCCS.
Para continuar con este trámite se deberá esperar hasta el 10 de febrero, cuando los legisladores principales retornen del periodo electoral, porque la mayoría de sus integrantes están de candidatos a la reelección.
