Por: P. Vicente Aníbal Romero Peña
Reflexión y denuncia ante la represión estatal y la desigualdad social.
El Ecuador atraviesa una de las crisis más graves de las últimas décadas, marcada por la represión estatal, la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de millones de ciudadanos. En este contexto, como sacerdote y miembro de la Iglesia Católica, elevo una voz profética ante la comunidad nacional e internacional, en defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano.
En los últimos meses, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado un alarmante incremento de la violencia institucional. Según la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, se registran 2 personas asesinadas por fuerzas policiales, 295 heridas, 15 desaparecidas y 367 casos de vulneraciones a los derechos humanos, producto de la represión ejercida por el Estado durante manifestaciones sociales en distintas regiones del país.
Particular preocupación genera la situación en las provincias del norte, especialmente en Otavalo, cuna de las nacionalidades indígenas, donde se han denunciado operativos militares indiscriminados y represión sistemática contra comunidades históricamente marginadas. Estos hechos revelan el avance de un modelo de control autoritario que, bajo el discurso de la seguridad y el orden, viola principios constitucionales y derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Nos enfrentamos a lo que muchos analistas denominan una “dictadura democrática”: un régimen que, aunque preserva las formas institucionales, ejerce el poder mediante prácticas coercitivas, exclusión política y manipulación mediática.
Paralelamente, el país vive un deterioro acelerado de su economía y su tejido social. Más de 7 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de 4 dólares diarios, mientras más de 250 mil niños y jóvenes han abandonado el sistema educativo por falta de recursos. El costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) supera los 813,88 dólares mensuales, frente a un salario básico de apenas 470 dólares, lo que evidencia una pérdida constante del poder adquisitivo.
Sólo el 35% de la población económicamente activa (PEA) cuenta con un empleo adecuado; el resto se ve obligado a subsistir mediante el trabajo informal o precario. Este contexto socioeconómico refleja el impacto de políticas neoliberales que, impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), favorecen a los grandes grupos empresariales y relegan a la mayoría ciudadana a condiciones de vulnerabilidad extrema.
La reducción de presupuestos en salud, educación y programas sociales ha profundizado la brecha de desigualdad. Al mismo tiempo, la inseguridad se ha convertido en un flagelo cotidiano: una persona muere de forma violenta cada 35 minutos, mientras las redes del narcotráfico operan impunemente, muchas veces con la indiferencia o complicidad de las autoridades.
Frente a este escenario de injusticia, los pueblos y nacionalidades indígenas, articulados a través de la CONAIE, han convocado un paro nacional indefinido desde el 18 de septiembre, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida, que encarece el transporte público y agrícola, afecta directamente el costo de vida de millones de ecuatorianos, especialmente de los sectores rurales.
Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido una represión desproporcionada y violenta. Se han denunciado ataques aéreos y terrestres, bloqueos de cuentas bancarias, cortes de energía eléctrica e internet y criminalización de líderes sociales, a quienes se acusa falsamente de terrorismo o narcotráfico. Hasta la fecha, se reportan los asesinatos de Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán, además de más de 200 detenidos y decenas de heridos por el uso excesivo de la fuerza estatal.
Una de las acciones más preocupantes ha sido el uso de convoyes militares bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”, estrategia que vulnera los principios del Derecho Internacional Humanitario y constituye un acto de manipulación ética y política.
Desde la fe cristiana, rechazamos toda forma de violencia institucional y estructural que atente contra la vida y la dignidad humana. Callar ante esta realidad sería traicionar el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento ya exhortaban: “No desprecien al pobre”, y Jesús nos recordó: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia” (Mt 5,6).
La Doctrina Social de la Iglesia y la Teología de la vida nos llaman a denunciar las estructuras de pecado como la corrupción, la exclusión y el abuso de poder, pero también a anunciar la esperanza de un Reino de justicia, fraternidad y paz. Creemos que el Espíritu Santo se manifiesta en los pueblos que luchan por su dignidad, y que el clamor de los pobres no quedará sin respuesta.
El dolor de un pueblo no se puede silenciar con armas ni con discursos vacíos. La voz del pobre es la voz de Dios en la historia.
Por eso, repetimos con firmeza: ¡Paren la represión! ¡Ecuador exige justicia, verdad y vida digna!
