Esta madrugada la Fiscalía General del Estado allanó la casa de los ex candidatos presidenciales, Luisa González y Andrés Arauz, en el marco de la investigación del Caso Caja Chica.
La Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador– ejecutó 3 allanamientos en Quito y uno en Guayaquil, en el marco de una investigación por presunta Delincuencia Organizada con fines de Lavado De Activos.
Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela, para financiar la campaña presidencial de 2023.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos contempla penas de hasta 30 años de prisión para los autores y hasta 22 años para quienes colaboren en estos hechos.
Ocho personas bajo investigación
El expresidente Rafael Correa confirmó que figura entre los ocho investigados en este caso. A través de su cuenta en la red social X, informó que la Fiscalía también allanó domicilios relacionados con Andrés Arauz, el asambleísta Patricio Chávez y Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.
Correa difundió la notificación oficial entregada a sus coidearios, en la que constan además los nombres de Luisa González, los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, así como la abogada Bibian Hernández.
El exmandatario cuestionó que la investigación se haya iniciado a partir de una denuncia con carácter reservado, presentada en noviembre de 2025.
Otro proceso por la campaña de 2023
Según informó Ecuavisa.com, hasta el pasado 18 de enero Luisa González se desempeñó como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Durante la convención en la que entregó el liderazgo a Gabriela Rivadeneira, fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un proceso por presuntas infracciones electorales cometidas durante la campaña de 2023.
El medio también señaló que, en noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó una denuncia contra González por un supuesto incumplimiento al Código de la Democracia, relacionado con financiamiento político y gasto electoral.
Esta infracción podría derivar en una multa de hasta 70 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por un período de cuatro años.
