El 16 de noviembre de 2025, el pueblo ecuatoriano expresó con absoluta claridad su descontento en las urnas y derrotó la propuesta del gobierno de Daniel Noboa en el Referéndum y Consulta popular. Ese resultado no es casualidad: es el reflejo de un país que exige coherencia, responsabilidad, resultados y respeto a sus derechos. Sin embargo, pese a ese mensaje
contundente, el régimen insiste en decisiones que profundizan la crisis, como la reducción del presupuesto a la Educación Superior Pública.
Mientras Ecuador enfrenta la peor crisis educativa en décadas, el Gobierno decide recortar casi el 13% del presupuesto de las universidades públicas. Esto no es un simple ajuste financiero: es un ataque directo a la investigación, a los docentes, a los jóvenes, a la ciencia y a la inversión social.
Resulta inadmisible que, mientras la ciudadanía dijo NO a sus políticas, el Gobierno continúe destinando recursos a fines ajenos a las verdaderas prioridades nacionales: utilización de instituciones públicas para fines proselitistas, pauta de comunicación gubernamental y millonarios desembolsos coyunturales en forma de bonos. Todo esto contrasta de forma alarmante con la situación de las universidades, que hoy luchan por sostener su funcionamiento y garantizar educación digna para miles de estudiantes marginados, discriminados y empobrecidos del campo y la ciudad.
Los pueblos y nacionalidades del Ecuador, junto a amplios sectores del país, hemos conquistado nuestros derechos a través de la lucha y la organización. El acceso a la Educación Superior Pública es una de esas conquistas históricas. No permitiremos que sea debilitada por ajustes económicos impuestos por el FMI.
La universidad pública comunitaria Amawtay Wasi, fruto de nuestra demanda histórica, también es objeto de estos recortes, poniendo en riesgo su continuidad y dejando a jóvenes indígenas, campesinos y de sectores populares sin condiciones para acceder a educación superior pública de calidad.
Exigimos al Gobierno Nacional inversión social. La educación es el futuro del país y no puede ser sacrificada en nombre de la macroeconomía. El Gobierno está hipotecando el destino del Ecuador. No aceptaremos retrocesos: la educación pública de calidad es un derecho consagrado en la Constitución y respaldado ampliamente en las urnas por el pueblo ecuatoriano.
