Con el objetivo de establecer una hoja de ruta, la asambleísta por la provincia de El Oro, Johanna Moreira, recibió este jueves 15 de diciembre, en la Asamblea Nacional, a las representantes de la Red de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia.
Moreira, quien es la coordinadora de la Subcomisión para la evaluación a Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (LOIPELVM), escuchó la problemática que están atravesando y las propuestas para ser incluidas en el informe final de la norma que fue evaluada con todos los actores de la sociedad civil y de las instituciones del Estado.
Rosa López Machuca, coordinadora técnica del Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO), dijo que el Estado ecuatoriano tiene una deuda pendiente con las mujeres del país, y, sobre todo, con los hijas e hijos huérfanos de las víctimas de femicidio, debido a que no hay una reparación integral, pese a que hay sentencias ejecutoriadas y otras que no se han dado porque el femicida está prófugo o se mató.
“La ley debe de ajustarse de acuerdo a las realidades que ocurren día a día. La norma y los reglamentos deben ser revisados. ¿Qué pasa cuando las víctimas salen de las casas de acogida? ¿A dónde van a ir?. No hay trabajo, no hay acceso al crédito, no hay programas que permitan volver a la vida a las víctimas como una medida de reparación”, enfatizó López.
“Desde mi rol fiscalizador, me he comprometido a dar seguimiento a las instituciones pertinentes, a fin de que la política pública sea fortalecida para frenar la violencia que vive el país, que la burocracia y falta de presupuesto no sea un impedimento para proteger a estas mujeres”, expresó Moreira, quien integra la Comisión de Justicia. Añadió, que el Estado debe garantizar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en constante peligro.
Dentro de los compromisos que hizo la parlamentaria orense y que serán canalizadas a través de la mesa de Justicia están: que se procure fiscalizar los resultados que arroje la evaluación de la LOIPELVM, a fin de mejorar la aplicabilidad.
Así mismo, que los convenios con las Casas de Acogida deben hacerse a la brevedad, con el objetivo de que se entregue los presupuestos para atender a las víctimas. Otra de las demandas, es que los 2 millones anuales para estas casas no son suficientes y que el Gobierno debe aumentar el presupuesto.
De igual forma, las representantes recordaron que la política de atención de los Centros de Atención Integral y Casas de Acogida nace desde los movimientos de mujeres, por lo que es vital la declaratoria de servicios esenciales de estos lugares, porque salvan vidas.
Para el 2023, acordaron que la Comisión de Justicia visite las casas de acogida para conocer las realidades de cada provincia y hacer la fiscalización necesaria, en caso detecten incumplimiento de funciones de los entes responsables, se procedería con un eventual juicio político de esos funcionarios.
