El Gobierno colombiano declaró el lunes 12 de febrero la emergencia carcelaria para enfrentar la ola de violencia contra los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
“Acabamos de aprobar por unanimidad en el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la declaratoria de emergencia carcelaria que tiene dos finalidades: una, proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles, y la otra, erradicar completamente la extorsión y la corrupción que provengan de las cárceles”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Está decisión se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Inpec, de la cual el hecho más reciente es el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado el sábado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
Con esta declaratoria de emergencia carcelaria se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas, que el fin de semana desató el terror en Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca.
Lo que se busca al bloquear las señales es que los reclusos no puedan “comunicarse fácilmente ni establecer ningún lazo con la guardia penitenciaria ni con personas desde la cercanía de la cárcel”, explicó Osuna.
Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 por distintos problemas, y la tercera, en 2020 por la emergencia sanitaria por el coronavirus.
