La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) presentó el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, el cual incluye estrategias y acciones concretas proyectadas hasta 2028.
Las instituciones públicas que integran esa función del Estado, como la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría Pública, y las superintendencias, además del Ejecutivo, la Función Electoral y Judicial, así como empresarios y representantes del sector privado, se comprometieron a cumplir el plan elaborado con la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
En el documento constan tres ejes: integridad pública y privada, transparencia y rendición de cuentas, y participación ciudadana y cultura de integridad. ¿Será una iniciativa suficiente para acabar con la corrupción enquistada en las instituciones de todo nivel?
Las estrategias y acciones del plan contra la corrupción
El documento tiene un marco conceptual y normativo, el diagnóstico y problematización, así como las acciones del plan.
Está alineado con la Agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con el Plan Nacional de Desarrollo.
El primer eje busca fortalecer el marco institucional y legal para integrar a las instituciones del sector público y revertir la baja capacidad para sancionar a los corruptos, así como la prevalencia de la impunidad.
Para lograrlo, se establece la creación del sistema nacional de integridad, así como el establecimiento de Unidades de Integridad Institucional, que se conformarán por funcionarios de cada entidad. También se plantea la entrega de varias leyes anticorrupción, que se medirán por la cantidad.
Además, se creará un programa de inducción para el ingreso al servicio público para que los funcionarios reciban una inducción en la materia de al menos cuatro horas.
El segundo eje está relacionado con incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente en sectores económicos vulnerables a la corrupción.
Para conseguirlo, se deberá asegurar periodicidad de los reportes financieros de las campañas de las agrupaciones políticas, registrar la información sobre los procesos de compras públicas, entre otros.
La participación activa de la ciudadanía es el tercer objetivo del plan, que se ejecutará con el desarrollo de campañas y la creación de plataformas colaborativas.
Se implementará espacios de diálogo y colaboración mediante redes de organizaciones que trabajan en la lucha contra la corrupción, así como el control social en la compra pública.
Con información de Ecuavisa.
