Por: Econ. John Campuzano
El Código de la Democracia del Ecuador establece que las organizaciones políticas deben seleccionar sus candidaturas mediante procesos de democracia interna. Ahora que se vienen las elecciones en noviembre del 2026. La intención normativa parece impecable: garantizar participación, transparencia, representatividad y legitimidad en la designación de quienes luego pedirán el voto ciudadano. Sin embargo, entre la ley y la realidad política existe una distancia tan amplia que, en muchos casos, las primarias terminan convertidas en una reunión de amigos, o de conocidos que toman cola y comen sanduches.
La contradicción resulta evidente. Partidos y movimientos que declaran tener miles de afiliados, adherentes y simpatizantes terminan escogiendo candidatos con la presencia de un puñado de personas. En el discurso público son organizaciones robustas, territoriales, populares y masivas; pero, cuando llega el momento de decidir candidaturas, esa supuesta fuerza social se reduce a unas cuantas sillas ocupadas, una lista de asistencia modesta y una votación cuyo resultado suele conocerse antes de iniciar la asamblea.
El problema no es únicamente la baja participación, sino la distancia entre cumplimiento legal y legitimidad real. Una organización puede presentar convocatoria, acta, padrón, firmas, delegados y proclamación de resultados. Todo puede estar ordenado, sellado y archivado. Pero una democracia no se agota en papeles correctamente llenados. La pregunta de fondo es más incómoda: ¿decidieron realmente los afiliados o simplemente se legalizó una candidatura previamente acordada por la dirigencia con ayuda de alza manos?
La figura de las elecciones representativas mediante delegados agrava esta tensión. En teoría, permite operativizar la decisión en organizaciones grandes. En la práctica, es una vía elegante para reducir la participación a su mínima expresión. Así, una estructura que dice representar a miles puede resolver sus candidaturas mediante un grupo reducido que actúa en nombre de todos. La ironía es perfecta: mientras más grande dice ser el partido, más pequeña puede ser su democracia interna.
A esta puesta en escena se suma otro fenómeno revelador: la teatralización identitaria. Algunas organizaciones que se presentan como expresión de pueblos, nacionalidades o causas populares terminan convertidas en espacios donde la identidad funciona como contraseña electoral. Entonces aparecen mestizos y blancos repentinamente envueltos en wiphalas, ponchos, cintas, collares, banderas multicolores y símbolos comunitarios, intentando demostrar una pertenencia que muchas veces no nace de una trayectoria territorial, sino de la necesidad de ser aceptados en una lista. La cultura, en esos casos, deja de ser memoria colectiva y se transforma en utilería de campaña.
También ocurre la paradoja inversa: dirigentes indígenas vestidos con traje formal, negociando candidaturas bajo las mismas lógicas de la política tradicional que dicen cuestionar. Unos exageran su cercanía cultural; otros administran la identidad como capital político. Incluso hay quienes ensayan saludos, frases o discursos en lenguas nativas, no como expresión orgánica de pertenencia, sino como parte de una coreografía electoral destinada a producir aceptación. No se cuestiona aquí la interculturalidad genuina ni las alianzas legítimas; lo cuestionable es la impostura, esa parafernalia simbólica que convierte la identidad en disfraz político.
Los partidos aparecen intensamente durante campañas, cuando necesitan votos, banderas, tarimas y fotografías; pero durante la selección interna, la ciudadanía desaparece y la militancia se vuelve decorado. La participación se invoca como principio, pero se administra como trámite y con dinero.
Por eso, el debate no debe limitarse a si las organizaciones cumplieron o no con el calendario electoral. La discusión relevante es cuántos afiliados de verdad fueron convocados, cuántos participaron, qué porcentaje real decidió, qué alternativas compitieron y qué tan abierto fue el proceso. Sin esa información, las primarias seguirán siendo una farsa legalmente organizada: cumplen el rito, pero no necesariamente producen democracia.
Ecuador necesita partidos vivos, no membretes electorales; militancia deliberante, no asistentes de ocasión; candidaturas nacidas de competencia interna, no de acuerdos cerrados. Porque cuando la democracia interna es ficticia, la representación externa nace debilitada. Y cuando la política convierte la participación y la identidad en escenografía, el elector termina aplaudiendo una obra cuyo final ya estaba escrito antes de abrirse el telón.
Las primarias en Ecuador: la democracia simulada
