Han pasado más de dos meses desde que la Secretaría de Integridad Pública denunció un caso de supuesta corrupción en la contratación de radares de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, los contratos continúan vigentes y no se ha notificado la suspensión de su funcionamiento.
Los contratos fueron firmados por la CTE con dos consorcios: Serviecu y Ecutransit. Cada acuerdo cubría la instalación y operación de 116 radares de velocidad en la red vial estatal.
En su momento, se planteó que ambos consorcios “emitían multas exorbitantes, estafando a la ciudadanía”, sostuvo Xavier Neira, secretario de Integridad Pública. Del mismo modo, se cuestionó la rapidez con que fueron adjudicados estos contratos.
El 4 de junio de este año, la CTE suspendió la operación de los radares instalados, pero actualmente no se conoce de ningún proceso de terminación para el contrato de 12 años.
Después de esa denuncia pública, el 4 de junio de 2024, la CTE anunció la suspensión de la operación de los 39 radares que ambos consorcios habían instalado.
