Por: Soc. Ignacio Solorzano Reyes
El anuncio de una paralización del transporte urbano en Machala para el lunes 4 de mayo de 2026 vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: la desconexión entre las exigencias de los transportistas y la calidad real del servicio que reciben los usuarios. No se trata únicamente de una disputa por centavos, sino de un debate más profundo sobre responsabilidad, cumplimiento de compromisos y respeto a la ciudadanía.
Hace apenas un año, en mayo de 2025, el Concejo Cantonal aprobó un incremento en el pasaje bajo la promesa expresa de mejoras sustanciales. Los transportistas se comprometieron a dignificar el trato al usuario, a garantizar la parada para adultos mayores y niños, a conducir con prudencia y a reparar unidades visiblemente deterioradas. Sin embargo, la realidad cotidiana desmiente esas promesas: buses en mal estado, choferes que ignoran a pasajeros vulnerables y una competencia desordenada que pone en riesgo vidas humanas.
Hoy, la cooperativa Ciudad de Machala y, las compañías Oroconti y Multioro plantean una nueva alza hasta los 0,60 dólares, argumentando el incremento de costos operativos como combustible, repuestos y mantenimiento. No obstante, estos costos son de carácter nacional y afectan por igual a todas las ciudades del país. Entonces, ¿por qué Machala debería aceptar una de las tarifas más altas del Ecuador sin que exista una mejora tangible del servicio?
Un breve repaso por otras ciudades evidencia la desproporción del pedido. En Loja, el pasaje subió recientemente de 0,30 a 0,36 dólares tras más de una década sin ajustes. En Guayaquil, la tarifa base es de 0,40, con variaciones según el nivel del servicio. En Quito, el pasaje convencional se mantiene en 0,35, con tarifas preferenciales claramente definidas. Cuenca sostiene una tarifa de 0,30 gracias a subsidios municipales, mientras que en Ambato se analiza un valor de 0,43 y en Riobamba se mantiene en 0,30.
En este contexto, la pretensión de elevar el pasaje a 0,60 en Machala no sólo resulta desproporcionada, sino también injustificada. Más aún cuando no se han cumplido los compromisos previos. Exigir más sin haber mejorado lo básico es, en esencia, trasladar el costo de la ineficiencia al usuario.
El llamado a las autoridades es claro: no ceder ante presiones ni amenazas de paralización. Gobernar implica tomar decisiones responsables, especialmente cuando está en juego la ya golpeada economía de los ciudadanos. Antes de hablar de nuevos incrementos, corresponde exigir resultados: unidades en buen estado, capacitación a conductores en trato digno y derechos humanos, rutas organizadas y un sistema que priorice la seguridad por encima de la competencia desleal por pasajeros.
Las mesas de diálogo que hoy se solicitan deberían enfocarse en la reorganización del servicio, no en justificar aumentos. Machala merece un transporte eficiente, seguro y humano, no un sistema que recurra a la presión como mecanismo de negociación. Subir tarifas sin mejorar el servicio no es una solución: es profundizar el problema.
