Por: P. Vicente Aníbal Romero Peña
Tenía quince años cuando cursaba mis estudios en el Colegio Nueve de Octubre de la ciudad de Machala. Era un período particularmente convulso en la historia contemporánea del Ecuador. El país se encontraba bajo el gobierno de un triunvirato militar que había sustituido, mediante un golpe de Estado, al régimen también militar del general Guillermo Rodríguez Lara. Aquellos acontecimientos nacionales no podían comprenderse de manera aislada, pues formaban parte de una compleja reconfiguración geopolítica que atravesaba a toda América Latina durante la Guerra Fría.
En ese contexto, la política exterior de los Estados Unidos impulsó una estrategia de contención ideológica orientada a frenar el surgimiento de movimientos populares, organizaciones sindicales, comunidades campesinas, sectores estudiantiles y experiencias eclesiales que promovían la justicia social, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Bajo la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, numerosos gobiernos militares del continente asumieron una lógica represiva que identificaba toda propuesta de transformación social con una supuesta amenaza comunista.
Las Comunidades Eclesiales de Base, inspiradas por las orientaciones renovadoras del Concilio Vaticano II, la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín (1968) y posteriormente por Puebla (1979), comenzaron a desarrollar una praxis pastoral profundamente comprometida con la realidad de los empobrecidos. En ellas participaron laicos, religiosas, sacerdotes, catequistas y obispos convencidos de que la evangelización exigía anunciar el Reino de Dios mediante la promoción integral de la dignidad humana, la justicia y la liberación de toda forma de opresión.
Entre esas figuras proféticas sobresalió Monseñor Leónidas Proaño, obispo de la Diócesis de Riobamba, quien asumió con radical fidelidad la opción evangélica por los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores históricamente marginados. Su ministerio episcopal constituyó una expresión concreta de la eclesiología de comunión propuesta por el Concilio Vaticano II y de la opción preferencial por los pobres que marcaría el caminar de la Iglesia latinoamericana.
Precisamente por esta acción pastoral, diversos organismos nacionales e internacionales identificaron estas experiencias eclesiales como un supuesto foco de subversión política. En el marco de operaciones de inteligencia promovidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de estrategias continentales de contrainsurgencia, se desplegaron campañas sistemáticas de desinformación, estigmatización y persecución. La criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos y agentes pastorales se convirtió en un mecanismo para deslegitimar toda propuesta que cuestionara las estructuras de exclusión.
Programas geopolíticos como el denominado Plan Rockefeller y, posteriormente, la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, favorecieron un clima de vigilancia, persecución política, desapariciones forzadas, encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos en numerosos países latinoamericanos. En ese escenario, bastaba trabajar junto a los pobres, alfabetizar comunidades, defender derechos colectivos o promover procesos organizativos para ser acusado de comunista, enemigo interno o promotor de la subversión.
Paralelamente, se fortalecieron diversos movimientos religiosos de carácter fundamentalista que, en determinados contextos, contribuyeron a fragmentar el tejido comunitario y a despolitizar la conciencia crítica de amplios sectores populares. Desde una perspectiva socio-religiosa, estos procesos generaron tensiones dentro del cristianismo latinoamericano, debilitando en algunos lugares el compromiso transformador inspirado en el Evangelio y favoreciendo una religiosidad desvinculada de las exigencias de la justicia social.
La Diócesis de Riobamba experimentó de manera directa esta persecución. El 12 de agosto de 1976 quedó inscrito como uno de los episodios más significativos de la memoria eclesial ecuatoriana, cuando Monseñor Leónidas Proaño, varios obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y agentes pastorales fueron detenidos durante un encuentro pastoral, bajo acusaciones infundadas que pretendían desacreditar el trabajo evangelizador desarrollado entre los sectores más vulnerables del país. Aquella detención no fue únicamente un acto político; constituyó también un intento de silenciar una Iglesia que había decidido caminar junto a los pobres y hacer del Evangelio una fuerza liberadora para la sociedad.
Hoy, al conmemorarse cinco décadas de aquellos acontecimientos, la figura de Proaño continúa iluminando el horizonte pastoral de la Iglesia latinoamericana. Su testimonio no pertenece únicamente al pasado; permanece vigente como paradigma de una espiritualidad encarnada, una pastoral profética y una eclesiología sinodal que reconoce en los pobres no solo destinatarios de la evangelización, sino auténticos sujetos de la historia de la salvación.
La memoria histórica constituye una dimensión esencial de la identidad cristiana. Recordar a quienes entregaron su vida por el Reino de Dios significa actualizar el compromiso con la verdad, la justicia, la reconciliación y la paz. En esa constelación de testigos permanecen Gerardo Valencia Cano, San Óscar Arnulfo Romero, Leónidas Proaño, Santa Teresa de los Andes, San Alberto Hurtado, Tránsito Amaguaña, Pedro Casaldáliga y tantas mujeres y hombres anónimos que hicieron del Evangelio una práctica cotidiana de solidaridad y esperanza.
La Iglesia que soñó Jesús de Nazaret continúa siendo una comunidad abierta, sinodal, intercultural, pluricultural y profundamente comprometida con la defensa de la dignidad humana. Su misión consiste en anunciar el Reino de Dios desde las periferias existenciales, acompañando a los excluidos, denunciando toda forma de violencia estructural y proclamando que la fraternidad es el fundamento de una auténtica civilización del amor.
La historia demuestra que los regímenes autoritarios pueden perseguir personas, censurar ideas e intentar silenciar voces proféticas; sin embargo, jamás podrán extinguir la fuerza liberadora del Evangelio ni la esperanza de los pueblos que siguen creyendo que otro mundo, más justo, fraterno y solidario, es posible.
