El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos advierte sobre una inminente crisis sanitaria en el centro penitenciario de Santa Elena. Los comités de familiares confirman la devolución de decenas de reos presuntamente contagiados, mientras las instituciones oficiales guardan silencio.
El traslado de decenas de personas privadas de libertad reactivó las alarmas sobre las condiciones sanitarias dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Las autoridades movilizaron a los internos desde la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, de vuelta hacia centros carcelarios de Guayaquil.
Fernando Bastias Robayo, coordinador del Área de Protección del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), identificó este hecho el 24 de mayo de 2026. Bastias afirmó que la reubicación masiva de internos evidencia un problema de salud pública mayor en pleno desarrollo.
Alertas por falta de tratamiento y decesos confirmados
Las organizaciones civiles denuncian que la falta de atención médica adecuada provocó consecuencias fatales dentro de la penitenciaría de Santa Elena. Medios de comunicación confirmaron previamente el fallecimiento de dos personas privadas de libertad a causa de esta enfermedad infecciosa.
El representante del CDH cuestionó la falta de medidas preventivas por parte del Estado ecuatoriano para contener la propagación del bacilo. Según Bastias, los fallecimientos demuestran que los internos con tuberculosis no recibieron un tratamiento oportuno ni aislamiento adecuado durante su permanencia en el reclusorio.
La ausencia de protocolos de contención eficaces facilitó el contacto directo entre los enfermos y el resto de la población carcelaria. Los activistas recordaron que la tuberculosis posee un alto nivel de contagio, especialmente en entornos con antecedentes históricos de hacinamiento.
Datos de internos movilizados y asistencia hospitalaria
El Comité de Familiares por una Vida Digna recopiló los primeros datos estadísticos sobre los prisioneros afectados por las transferencias sanitarias. Los reportes de este grupo identifican a 31 personas privadas de la libertad trasladadas originalmente a Santa Elena con sospecha de contagio.
Las alarmas escalaron tras conocerse el traslado de emergencia de al menos uno de los internos hacia una casa de salud pública externa. Una fuente reservada informó a Primera Plana que los custodios ingresaron a un reo con cuadro crítico en el Hospital Liborio Panchana.
Los comités de familiares informaron que los buses penitenciarios están devolviendo a los internos enfermos hacia los pabellones de la cárcel Regional de Guayaquil. Los defensores del CDH analizan actualmente la aplicación de mecanismos jurídicos para frenar la dispersión de la patología a otras cárceles.
Críticas a la gestión ministerial y opacidad institucional
Las organizaciones de derechos humanos cuestionaron con dureza la conducción del sistema carcelario y exigieron la comparecencia de las autoridades gubernamentales. Bastias calificó la administración de los centros penitenciarios como una política irresponsable que arriesga la vida de la población recluida.
“La irresponsabilidad y política de muerte de John Reimberg se expondrá pronto”, manifestó el activista en referencia a las decisiones del ministro del Interior. El CDH criticó con firmeza el manejo opaco y reservado que mantiene el Ejecutivo frente a las emergencias de salud penitenciaria.
Varios medios de comunicación solicitaron una postura oficial al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Sin embargo, hasta la tarde de la jornada de denuncias, la institución estatal no emitió ninguna respuesta ni comunicado aclaratorio.
Incertidumbre por la falta de contingencia sanitaria
La ausencia de planes oficiales genera preocupación en los familiares de los internos ante la posibilidad de un brote epidémico incontrolable. El Ministerio de Salud Pública (MSP) tampoco ha emitido dictámenes técnicos respecto a las inspecciones médicas ejecutadas en Santa Elena.
Los colectivos de protección social temen que la devolución de los reos contagiados a Guayaquil sature las áreas de aislamiento de esos centros. La falta de un pronunciamiento institucional definitivo mantiene en la incertidumbre a las familias sobre el estado de salud real de los internos.
El sistema carcelario enfrenta el desafío de contener una enfermedad altamente transmisible en medio de cuestionamientos por desatención médica. Las agrupaciones ciudadanas exigen auditorías inmediatas para determinar el número total de prisioneros expuestos al contagio durante los últimos meses de reclusión.
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