Por: Leandro Rodríguez, Director Ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur-CERESIS
Cada vez que se anuncia un nuevo Fenómeno El Niño, los gobiernos de Perú y Ecuador presentan planes, presupuestos y obras de emergencia.
Pero la pregunta clave es: ¿Cuánto hemos reducido realmente el riesgo después de los Niños de 1982-83, 1997-98 y 2017?
El Niño Costero de 2017 dejó en el Perú más de un millón de personas afectadas y casi 30 mil viviendas colapsadas.(Indeci). En Ecuador, los eventos asociados a El Niño también han provocado inundaciones, deslizamientos, daños en viviendas, carreteras, cultivos, servicios básicos y medios de vida, especialmente en las zonas costeras.
A pesar de los planes de reconstrucción y de las inversiones anunciadas, en ambos países persisten problemas de ejecución, falta de continuidad, débil ordenamiento territorial y ocupación de zonas expuestas. En el Perú, la Contraloría advirtió sobre la lentitud de la Reconstrucción con Cambios. (Contraloría General de la República)
Por eso, no basta con medir kilómetros de ríos descolmatados, maquinaria movilizada o dinero gastado.
Debemos preguntarnos: ¿Se han protegido las viviendas y los servicios esenciales? ¿Se ha educado de manera permanente a la población? ¿La gente sabe cómo actuar ante una emergencia?
¿Se ha reducido la ocupación de zonas de alto riesgo? ¿Las autoridades de Perú y Ecuador han aprendido de los desastres anteriores? ¿Existen planes permanentes, coordinados y financiados, o solo respuestas improvisadas cuando la emergencia ya está encima?
Seguir hablando indefinidamente sobre el Fenómeno El Niño como si todavía fuera un fenómeno desconocido resulta inútil. Lo conocemos bastante. Sabemos cómo puede presentarse, qué zonas son más vulnerables, qué daños puede causar y qué medidas deben adoptarse.
Lo que falta no es más diagnóstico, sino decisión, continuidad y acción concreta. Las autoridades competentes de Perú y Ecuador, deben dar respuestas claras y compromisos verificables sobre:
Las medidas permanentes de prevención y reducción del riesgo.
El estado y la ejecución de las obras anunciadas.
La protección de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y demás servicios esenciales.
La educación y preparación de la población.
El control de la ocupación de zonas de alto riesgo.
La coordinación entre las instituciones responsables.
Los plazos, presupuestos e indicadores para evaluar los resultados.
Una población que solo espera al Estado cuando ocurre el desastre no está preparada: está expuesta.
Este mismo razonamiento debe aplicarse a otras amenazas. Tanto el Perú como Ecuador se encuentran en una zona sísmica y, tarde o temprano, enfrentarán terremotos de gran magnitud. No podemos esperar a que ocurran para descubrir que las viviendas eran vulnerables, que las rutas de evacuación no estaban despejadas, que los servicios esenciales no podían funcionar o que la población no sabía cómo actuar.
La pregunta no es si ocurrirá un terremoto, sino cuándo ocurrirá y qué tan preparados estaremos cuando suceda.
El Fenómeno El Niño no es una sorpresa. Perú y Ecuador lo conocen y lo han sufrido durante décadas. Un terremoto tampoco será una sorpresa: conocemos el riesgo, aunque no podamos predecir el momento exacto.
Si seguimos preparándonos recién cuando llega la emergencia, el problema ya no es solo climático o geológico: también es político y social.
La falta de prevención, la discontinuidad de las políticas públicas, la mala ejecución de los recursos y la ausencia de control no son hechos inevitables. Son decisiones políticas.
El desastre, muchas veces, sí tiene responsables.
