Seguimos de cerca la situación en Ecuador, donde se ha registrado un aumento de la violencia vinculada a grupos del crimen organizado y, en respuesta, el gobierno ha anunciado un estado de excepción de 60 días, declarado la existencia de un “conflicto armado interno” y desplegado al ejército.
En los últimos días se han reportado incidentes violentos en diferentes puntos del país, autos incendiados y distintas explosiones. Han muerto al menos 12 personas, incluidos dos agentes de policía. Además, se reportó que unos 150 funcionarios penitenciarios y 20 trabajadores administrativos fueron tomados como rehenes por reclusos en siete prisiones diferentes.
Entendemos que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones sobre la violencia reciente y hacemos un llamado para que estas sean rápidas, transparentes, exhaustivas e independientes, para garantizar que los responsables rindan cuentas, conforme a estándares internacionales.
Ecuador claramente enfrenta enormes desafíos para abordar la violencia. Durante su misión al país el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó el deterioro de la situación de seguridad como resultado del crimen organizado transnacional y el impacto en las personas más vulnerables.
El Alto Comisionado llama hoy a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia sea proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad. Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes se debe rendir cuentas. Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones.
Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Esto incluye abordar las causas estructurales y el origen de la violencia.
Nuestra Oficina sigue comprometida a trabajar con Ecuador en materia de derechos humanos, concluyó su pronunciamiento.
